Tras de las críticas a su gobierno por las organizadoras del #8M, y las acusaciones de discriminación contra la mujer en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el gobernador Carlos Mendoza Davis presumió la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, luego de que los gobiernos panistas desatendieran el tema desde 2011 cuando llegaron al poder.

Hace unos días inició una controversia en torno a la Feria de Servicios para la Mujer, instalada en la explanada del malecón de La Paz por el Instituto de la Mujer (ISMujer), lo que generó molestia de grupos feministas que tomaron dicha acción como una forma de invisibilizar su lucha.

El mandatario, en entrevista con Milenio, manifestó que su gobierno luchará con toda su fuerza para que el feminicidio no suceda en Baja California Sur. Sin embargo, cuando Acción Nacional tuvo la mayoría en el congreso y nunca quiso modificar el Código Penal del BCS para incorporar el delito de feminicidio, no fue hasta 2019 cuando la bancada de Morena ordenó las reformas necesarias.

Durante la marcha del #8M, se escuchó un cántico dedicado al representante del poder ejecutivo: “Carlos Mendoza no seas indiferente, se matan a las mujeres en la cara de la gente”. Un día después, aparece esta noticia en medios nacionales.

Incluso, en las protestas se pudo leer un rótulo de empleadas de la PGJE, en la que acusaban a la dependencia de intimidación, acoso laboral y violación de derechos humanos.

Baja California Sur es el tercer estado con más incidencia de violaciones en 2019 con una tasa de 28 incidencias por cada 100 mil habitantes.

La nueva fiscalía será atendida exclusivamente por mujeres, “porque estamos perfectamente claros que la mujer se siente más cómoda denunciando los delitos frente a una mujer también, que le da su atención y que la escucha”.

De hecho, en una reciente investigación periodística, BCS apareció entre las nueve entidades que indagan más casos de aborto sobre feminicidio. En la Procuraduría General Justicia del Estado de BCS (PGJE) registró 12 carpetas por interrumpir el embarazo contra dos de homicidio por razón de género.

Con información de Milenio