Ante la controversia constitucional que existe en Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió a través de un juez el amparo 442/20202 por la VIOLACIÓN DOLOSA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, hecho que se deriva  del Juicio Político, realizado en la sesión extraordinaria del pasado sábado 21 de agosto del año 2020, en contra de ocho diputados que son minoría.

El comunicador Diego Soto, publicó el texto A la cárcel por desacato a través del portal de noticias que dirige, Tres Seis Cinco MX,  el pasado 24 de agosto, en la que hace alusión a la sentencia de un juez de la SCJN y el Presidente de la mesa directiva del Congreso local de BCS, el diputado sin partido Ramiro Ruiz Flores.

A consecuencia de tal publicación, el legislador decidió realizar una amenaza a través de una llamada telefónica en la que intentó intimidar y coartar el artículo sexto de la constitución politica de los estados unidos mexicanos.

“Esto ya es personal ¿Hasta dónde quieres llegar?”. Fueron algunas de las palabras que utilizó el diputado Ramiro Ruiz Flores.

Insatisfecho de no recibir alguna respuesta negativa del comunicador, catorce minutos más tarde, a las 20:15 acudió a su red social WhatsApp para expresar: “El que se lleva se aguanta”.

La amenaza es la antesala de una agresión. Los comunicadores que hemos brindado una cobertura informativa de los hechos delictivos en el estado, y las autoridades de seguridad de BCS, tenemos registro de que por cantidades módicas de dinero, como $1,000.00 existen personas que están dispuestas a realizar un daño, agresión o privar de la vida a una persona.

Nuestro estado ha registrado la muerte de dos comunicadores, Max Rodriguez en 2017 y Rafael Murua en 2019.

Bajo el expediente LPZ/4586/2020/NUC la subprocuraduría de justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana La Paz, con fecha martes 25 de agosto del año 2020, abrió una carpeta de investigación en contra del diputado Ramiro Ruiz Flores, por el posible delito de “Amenazas”.

De acuerdo a datos revelados por la Procuraduría este es el primer expediente que se abre por posibles delitos cometidos contra la libertad de expresión y defensores de derechos humanos en esta área.

Creemos firmemente que la libertad de expresión es un derecho que no se debe violentar en ningún momento. Nadie goza de un poder para determinar que puede expresar una persona.

Exhortamos a las autoridades locales del estado de BCS, a que emitan una resolución. Asimismo nos dirigimos a los servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno a utilizar el diálogo y no acudir a la violencia, en cualquiera de sus expresiones.

Agradecemos a los medios de comunicación que nos ayuden con la difusión de este comunicado y les reiteramos que las puertas están abiertas, ¿por qué? ¡Las amenazas son reales!

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

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