@AlekzAguila opina que nada cambiará con las empresas como Uber o DiDi tras la negativa del Congreso del Estado, porque gracias a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán operar sin ningún problema en BCS.

@AlekzAguila

Este martes se destacó porque finalmente el Congreso del Estado dio la primer lectura de la propuesta de Ley de Movilidad de Baja California Sur que envió el ejecutivo estatal hace ya más de un año, misma que fue rechazada por la mayoría legislativa de 11 contra 10 diputadxs. En redes sociales, el gobernador Carlos Mendoza Davis lamentó que esta votación fuera en contra del interés público.

Sin embargo, el texto de la ley que se intentó votar es un enorme retroceso a los avances en materia de movilidad que se han alcanzado por parte de diversos colectivos ciudadanos, siendo los siguientes puntos los más alarmantes:

El Art. 20 enaltece los puentes anti-peatones, dándole facultades a las fuerzas del orden para que puedan infraccionar a ciudadanas que no los utilicen e intenten cruzar una vialidad de una manera más humana. Imaginémonos a una señora de la tercera edad que cargada de bolsas de mandado tenga que cruzar este tortuoso monumento al automóvil y, que al no poder y se apropie del cruce a nivel del asfalto, tenga que pagar una infracción. En lo personal, más que una locura, para mí esto es una estupidez.

Asimismo, el Art. 26 se contrapone con el Art. 88 del Reglamento de Tránsito de La Paz, el cual nos da facultades a quienes nos movemos en bicicleta para hacer uso de un carril completo mientras circulamos por la ciudad. Sin embargo, la iniciativa dice que no podríamos separarnos más de un metro de la banqueta, esto para que los automóviles tengan libre circulación y no “les estorbemos”. Un triunfo más de su majestad coche.

Para continuar con la desarticulación que se tiene con la sociedad civil, el Art. 96 pretende conformar un Consejo Consultivo que no cuente con representación real de la sociedad civil, puesto que deja muy abierta la integración de “un representante de los grupos vulnerables”, mientras que existen designaciones directas para el gobierno del estado, municipios y cámaras empresariales, ¿será que, quien paga manda?

Para finalizar, en el Art. 103 se menciona la conformación de un Instituto de Movilidad que contará con un director designado de manera directa desde la oficina del gobierno del estado, lo cual es alarmante, porque de nuevo muestra la falta de apertura para que desde la ciudadanía emerja un perfil capaz de llevar las riendas de un tema tan importante cómo lo es la movilidad en Baja California Sur. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que BCS se deje de estas prácticas hegemónicas donde no se abren los puestos de incidencia a la ciudadanía y todo sigue dictándose de acuerdo a la voz cantante del gobernador?

Así pues, nos encontramos con una propuesta de ley que solo intentaba regular los servicios de transporte privado (Uber, Didi, etc.); pero que no busca solventar los intereses de las miles de personas que se mueven por las calles del estado. No hay un respeto por la pirámide de movilidad que anteponga la seguridad de quienes caminan o se desplazan en medios no motorizados, sino que se sigue sirviendo a los intereses de quienes tienen la capacidad de moverse en automóvil.

No se intenta regularizar el servicio de Transporte Público que está secuestrado por unos cuantos que se siguen enriqueciendo mientras un pésimo servicio nos mueve y, que además, deja como último eslabón de la frágil cadena a los operadores que tienen que pasar largas jornadas en precarias condiciones para servir a mandamases que solo se preocupan por seguir llenando sus bolsillos de dinero a costa de la pésima reputación que tiene el gobierno en esta arista.

El Subsecretario Estatal de SustentabilidadAndrés de los Ríosfue otro de los personajes que vía Twitter secundó la opinión de Mendoza Davis, ¿pero qué no acaso debería ser trabajo de su despacho el velar por un aire limpio y de calidad? Y es que dadas las circunstancias actuales, no hemos visto que se esté presionando por un programa de verificación vehicular, y mucho menos un plan para sacar de circulación a los vehículos que mueven al grueso de la población y renovarlos por unos que realmente sean sustentables.

Así pues, nos hemos encontrado con una discusión dicotomizada en que si esta ley vela o no por el bien de los sudcalifornianos para que accedamos al uso de plataformas móviles, sin embargo, es bien sabido que diversas jurisprudencias a nivel nacional les permiten a estas empresas operar sin ningún problema y la aprobación o rechazo de esta ley no cambiará el hecho de que podamos desplazarnos mediante aplicaciones de bajo costo. Pero de lo que no se habla, es que los dueños de las placas de taxis les siguen cobrando lo mismo a los operadores sin importarles que la demanda para ellos sea menor; el gobierno del estado no nos cuenta que no ha sido frontal en la lucha contra quienes tienen secuestradas las rutas de transporte público en la ciudad y; sigue dando manga ancha para que, mientras prestan un pésimo servicio, también sigan contaminando en niveles que nos tienen peor que la zona del Valle de México.

No creamos que esta propuesta de ley de movilidad que hoy martes ha sido rechazado se trata de la falta de interés público. Por el contrario, quien escribe celebra que la misma no haya encontrado la luz verde. Pero sí exhorta a los tomadores de decisiones a que más allá de convertir esto en una lucha política, se sumen a todas las voces que tienen años trabajando en materia de movilidad para que Baja California Sur tenga una ley integral y digna para que podamos desplazarnos de manera cómoda y segura.

Y esperando que quien lee conozca el nombre del diputadx de su distrito, aquí quienes votar a favor por una ley que no toma en cuenta a las personas: Ramiro Ruiz (JHH), Rigoberto Murillo, Perla Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño (PES), José Luis Perpuli, Elizabeth Rocha (PAN), Anita Beltrán (PRI), Daniela Rubio Avilés (Humanista), Mercedes Maciel (PT) y Maricela Pineda García (PRD).

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