Sandino Gámez Vázquez
La importancia política de la o las desaladoras municipales y el suministro de agua potable en Los Cabos se demuestra con una lista de quiénes han sido los directores del organismo operador municipal OOMSAPAS.
Más aún es de importancia política quién las opera directamente: una empresa privada de capital español filial de la petrolera Repsol.
El capital español fue quien construyó, operó y se benefició económicamente de la planta desaladora que se construyó en el periodo perredista-petista del gobierno estatal y del ayuntamiento.
Españoles son los capitales que también compraron la costa al norte de la ciudad de La Paz y que, durante el gobierno de Enrique Peña, promovieron una desaladora municipal para colocarse en uno de sus predios costeros.
Las desaladoras municipales implican que todos los usuarios del municipio deben aportar económicamente para sostener su funcionamiento, aunque el agua que producen sólo alcanza, en la actual capacidad para quince mil personas.
En Los Cabos sucedió el primer gran aumento de tarifas de agua al consumo doméstico en el momento que se prendió la primera (y única hasta ahora) desaladora municipal.
Que hoy la presidenta municipal y los regidores hayan llegado por la votación mayoritaria del partido MORENA no debe confundir a la población sobre este importante tema.
El gobierno federal no puede permitirse pagar mil millones de pesos para un solo proyecto hídrico que ya demostró que sólo succiona recursos públicos federales, estatales y municipales Y NO RESUELVE NI MITIGA la crisis de agua en la ciudad-delegación de Cabo San Lucas.
Mil millones de pesos, aunque el gobernador panista diga que serán pagados por el ayuntamiento “morenista” con “el apoyo del gobierno del estado”, serán para generar una deuda multimillonaria en el futuro para todos los sudcalifornianos y cabeños SIN RESOLVER la crisis hídrica en esa ciudad, mucho menos en el municipio o el estado.
Las desaladoras municipales no son ninguna solución sino una fuente de corrupción: limitan la capacidad financiera de los ayuntamientos Y NO RESUELVEN el desabasto de agua potable.
Por el contrario, a los paceños la nueva desaladora les va a generar más contaminación por el consumo de energía que esa tecnología requiere.
Por eso, y porque no han demostrado su eficiencia ni pertinencia, el gobierno federal debería negar su aval a tales proyectos y el Congreso del Estado de Baja California Sur debería negarles acceso al crédito que acaba de solicitar el Ayuntamiento de Los Cabos.
Agua sí, pero de verdad.