Por Martín Inzunza Tamayo
Nadie le podría regatear al gobernador Carlos Mendoza Davis, la adquisición legitima -legitimidad constitutiva- de la titularidad del Poder Ejecutivo. Como tampoco, se le puede regatear su legitimidad a la asamblea de legisladores denominada XV Legislatura del Congreso del Estado. Ambos poderes fueron integrados cumpliendo los requisitos exigidos por el orden político democrático que nos hemos dado los mexicanos y los sudcalifornianos.
Ese orden político democrático permite que se erijan gobiernos legítimos bajo tres postulados irreductibles: Un Estado de Derecho, el origen popular de la soberanía, y la institucionalización del conflicto político. Cualquier adquisición de poder que no pase por estos tres principios sería una usurpación.
La legitimidad funcional de cada poder público depende de su desempeño en la solución de los problemas comunitarios y de cómo utiliza la autoridad que se le tiene conferida. En la división de poderes establecida en un orden jurídico constitucional, los poderes autónomos legislativo, ejecutivo, y judicial, tienen competencias convergentes. Sus relaciones institucionales republicanas deben basarse en la construcción de amplios consensos, para que sus decisiones de gobierno sean verdaderamente productivas y realizables, y los ciudadanos obtengan una visión positiva de sus instituciones de gobierno que le representan.
Entonces, ya definido el contexto de la legitimidad constitutiva y de la legitimidad funcional, como requisitos de todo ejercicio de gobierno democrático. La actitud del Gobernador Carlos Mendoza Davis, con respecto al Poder Legislativo Estatal, se enmarca en la vía del desgate, al abusar autoritariamente de los medios que tiene a su alcance para intentar someter al Legislativo.
CAMEDA: Primero, le tiende un cerco informativo al Legislativo, con el propósito de lincharlo públicamente; segundo, interviene la sede del Legislativo con elementos de la policía estatal; tercero, le retiene los presupuestos al Legislativo reconocido por la SCJN, y no contento con eso, agravia todavía más al Legislativo, al entregarle los presupuestos a personas que, en estos momentos, ya no están en funciones de legisladores o legisladoras estatales.
Salidas autoritarias de un gobernante que se cree omnipotente. Decisiones gansteriles que denigran la gestión pública, irritan los humores sociales, y descomponen el funcionamiento del Estado. El Gobernador Carlos Mendoza Davis, al golpear y denigrar al Poder Legislativo, lanza un desafío muy delicado que atenta contra la unidad política de la sociedad sudcaliforniana, provocando una posible desintegración de sectores específicos de la población que no aceptaran su mandato representativo.
Las diputadas y los diputados, reconocidos jurídicamente en su funcionamiento como el Congreso del Estado de Baja California Sur por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el propio Senado de la República, no deben perder el tiempo con los “fusibles” -se funden y se cambian. secretarios del gabinete, subsecretarios, y directores generales-, porque no tienen autonomía política, no deciden por sí mismos, solo reciben órdenes. Si un director les opera un linchamiento mediático, un secretario les manda la policía estatal y otro no les deposita sus presupuestos, fue por ordenes del Gobernador Carlos Mendoza Davis, una obediencia que no los excluye de sus responsabilidades legales para ser investigados por el Órgano Superior de Fiscalización, una Comisión exprofeso, o ser denunciados ante las autoridades competentes.
Nuestra Constitución lo deja muy claro: El Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada Gobernador del Estado de Baja California Sur. El ciudadano Carlos Mendoza Davis, al protestar su cargo asumió un compromiso solemne de primer orden: Guardar y hacer guardar el orden jurídico consagrado en nuestras constituciones nacional y estatal. Lo anterior significa que el poder que ejerza estará ceñido dentro de los causes establecidos en la Ley de leyes. Si los ciudadanos comunes, han de encuadrar su comportamiento dentro de las normas dispuestas por el sistema jurídico mexicano, con mayor razón han de cumplir con aquellas normas jurídicas quienes representan al pueblo y cobran sus salarios de nuestros impuestos.
Si el Gobernador Carlos Mendoza Davis, desacata las sentencias, dictámenes, o recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -por la soberanía de sus huevos, como dice un alcalde ramplón-, es una prueba inequívoca de que en realidad ejerce un poder espurio que inevitablemente se volverá contra la sociedad que falsamente dice representar. Por tanto, se hace más necesaria la intervención enérgica del Congreso del Estado como garante de la soberanía popular. Intervenir, por medio de una lucha legal para reencauzar la actuación ilegitima del Gobernador del Estado de Baja California Sur, dada su proclividad a la trampa, la simulación, los engaños, y la burla de la ley.
Es un tema muy delicado la conducta exhibida por el ciudadano Carlos Mendoza Davis, porque se enmarca en el viejo autoritarismo sustentado en un sistema de presidencia imperial y de partido hegemónico, donde se imponían autoritariamente las decisiones sin importarles el desgaste del gobierno ni de su partido, mucho menos les importaba la perdida de confianza ciudadana, porque no tenían contrapesos reales. Quizás, fue lo que vivió en su infancia, reminiscencias de su actuar caprichoso que lo hacen tomar decisiones incorrectas. Un desempeño que no tiene el consentimiento ni el apoyo mayoritario de la población sudcaliforniana. Esta es la primera llamada de atención, primera llamada, sobre un gobernante que puede convertirse en el enemigo publico número uno de quienes le llevaron al poder.
Expedientes: Los Bartlett, ya se volvieron un problema recurrente para el presidente AMLO. Ahora fue el hijo del director general de la CFE, el junior León Manuel Bartlett Álvarez propietario de Cyber Robotics Solutions, empresa que le vendió 20 ventiladores al IMSS-Hidalgo -como si se mandaran solos los delegados del IMSS, si todo esta centralizado- en 31 millones de pesos, un costo por unidad de un millón 550 mil pesos. Compra directa, esta bien por la emergencia, pero porque a un Bartlett, una incógnita que tendrá que resolver Irma Eréndira Sandoval la titular de la Secretaria de la Función Pública. Lo más seguro es que todo este bien, y no tenga mayores problemas el escandaloso asunto. Dicen en los pueblos que los que ya bailaron que se sienten, y Manuel Bartlett Díaz, ya lleva como 50 años bailando boleros presupuestales a manos llenas. De perdida alivianar a otra raza, y no a los mismos cabrones que llevan décadas extrayendo rentas públicas, en fin.