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En Baja California Sur la iglesia católica y Acción Nacional tienen dos cosas en común: están desesperados. La primera, comandada por el viejo y cansado obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, pierde poder. En los últimos años es la religión que más perdió feligreses por diferentes razones, quizá los casos de abusos sexuales de sacerdotes a niñas o niños hayan influido. Sin mucho que perder, Alba Díaz convocó a los católicos a marchar con quienes antes eran sus enemigos en eso de salvar almas: evangelistas, mormones y adventistas.
Esperaban 3 mil ese 6 de octubre. Solo llegaron unos 1,500 o unos 2 mil a lo mucho. Caminaron hacia la escultura de la Paloma, sitio emblemático en la lucha de las mujeres y la comunidad LGBTI+. Al grito de “cristo rey” y el “sí, a la vida”, aderezada con mucha desinformación, salieron marchar en contra de la legalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. Ahora el PAN confía en que esos devotos serán votos en automático en las próximas elecciones, de eso no estoy muy seguro.
Funcionarios del Gobierno del Estado, militantes panistas, se unieron a la marcha para tomarse la fotografía como si se tratase de un mitín político. “Nos pronunciamos por una legislación que proteja la vida y ofrezca alternativas para las madres que tengan un embarazo no deseado, de modo que se puedan desarrollar en plenitud, al igual que los no nacidos”, dice el comunicado de prensa del partido político conservador.
La estrategia no es nueva. Estados Unidos tiene ya tiempo desarrollándola solo que ahora los ministros y sacerdotes son activistas políticos en un Estado laico. No quiere decir que la iglesia o las iglesias antes no hayan influido en BCS, digo, cada gobernador iba a besarle el anillo al obispo, pero hoy el besa manos se transformó en una rueda de prensa, quedando de manifiesto que la convocatoria del obispo va en caída libre.
Detrás de la fachada de la fe está la lucha encarnizada por el poder. Es como la miniserie llamada The Family, misma que documenta cómo los cristianos influyen en la política a su favor. Dividir para vencer. Esto es alarmante porque estamos viendo es una replica de la estrategia ultraderechista de Donald Trump para excluir a las “minorías”. Aquí en la media península incluye a la comunidad LGBTI+, a los pueblos originarios, a los afromexicano y mantener el control sobre el cuerpo de la mujer. Según ellos deben aguantar lo que la mayoría decida.
Un ejemplo de la política autoritaria y de ultraderecha es el veto parcial que el mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, hizo a la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, evitando la creación de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y el Cosejo Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. 5 millones de pesos se le hizo mucho al gober.
“La manera más eficiente de servir a los indígenas que llegan de otros estados a vivir a Baja California Sur no es con más burocracia. Destinar millones de pesos a la contratación de funcionarios, crear oficinas, en lugar de canalizarlos a atender las necesidades de la gente, no es una solución”, declaró el gobernador.
En Puebla, por ejemplo, con Morena las cosas no andan muy lejos de lo que experimentamos en la entidad. La Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) avaló las reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa. Bajaron las penas, pero mantiene como delito la interrupción legal del embarazo.
De continuar las iglesias imponiendo su agenda, no nos espera un mejor futuro, nos aguarda un futuro más autoritario lleno de persecución y miedo. Quienes profesan una religión deberán ahora hacerse una pregunta: ¿A quién sirven: a dios, al obispo o al gobernador?