La controversia en torno a Grupo Terracons, acusada de un presunto despojo, daño ambiental y abuso de poder, denunciada en esta semana continúa. Ahora, la empresa que construía sin ninguna clase de autorización municipal, estatal o federal está ligada con un servidor público integrado a la alcaldía.

El 26 de marzo de 2018, según la inscripción 201800062510005Q al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía,  uno de los socios de Grupo Constructor Terracons SA de CV, Arturo Gómez Urías, otorgaba un poder a Carlos Jordán Juárez. Ocho meses después, el 27 de noviembre de 2018 se convirtió en el titular de la Dirección de Obras Públicas del XVI Ayuntamiento de La Paz. También trabajó durante el periodo de Esthela Ponce Beltrán como parte de la Dirección de Catastro.

Se trata de un poder por persona moral o representación con folio mercantil electrónico 13158 con fecha del 14 de julio de 2016. No obstante, el proceso de inscripción ocurrió unos años después y fue recibido por la responsable de oficina noroeste Berenice Abigail Ruíz García. En una investigación hecho, no se encontró alguna asamblea entre socios en las que su pudiera constatar la baja como representante del grupo.

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Con el poder entregado por la sociedad anónima, según la información contenida en el documento, Jordán Juárez podía “ejercer poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, poder para suscribir y otorgar toda clase de títulos de crédito y para actos de administración en materia laboral”. Al querer revisar la declaración patrimonial del funcionario no se encontraba en el Ayuntamiento de La Paz.

No obstante, desde su cuenta personal en Facebook, el funcionario publicó un video el día 26 de junio de 2019. En él mostró el avance de Villas del Centenario de Grupo Terracons que seguramente es un proyecto inmobiliario que tuvo que solicitar todos los permisos necesarios en la municipalidad a diferencia del que se encuentra en San Juan de la Costa.

Las irregularidades

Grupo Terracons fue la compañía acusada por la destrucción de varios metros de dunas costeros en El Cajete, en San Juan de la Costa. José Amador Vizcaíno Estrada interpuso una denuncia LPZ/5884/2020/NUC ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por un posible despojo de un terreno que dijo compró 10 años atrás.

Incluso, Vizcaíno Estrada intentaba cercar su terreno, cuando le sorprendió un enorme operativo de agentes municipales realizado a una velocidad inusitada, se lo llevaron por posibles daños a propiedad. Tuvo que presentar los papeles para demostrarle al oficial que se equivocaba en su dicho. Al verse expuestos, los uniformados optaron por continuar con su encomienda y lo subieron a una patrulla. Lo querían encerrar pero por el delito de “riña”.

Desde el 31 de octubre de 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Baja California Sur, fue advertida de la afectación de dunas de 3 metros de altura y al menos 30 metros de extensión. Al parecer en estos días realizarán una inspección.

Por varios meses, la construcción avanzó sigilosamente sin ninguna clase de autorización. Ante una denuncia también hecha a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología se declaró incompetente porque los terrenos estaban sin una clave catastral, lo que significaba que se trataba de un terreno ejidal. Sin embargo, la Dirección de Ecología elaboró un acta de inspección. Entre tanto, la Dirección de Licencias de Construcción dejó citatorios a los encargados de la obra.

No obstante, en un video publicado por él mismo el día 26 de junio de 2019, el funcionario muestra el avance de obra de Villas del Centenario, uno de los proyecto que debieron solicitar autorización en el actual gobierno municipal de La Paz.

Falta de transparencia

El 20 de enero de 2017, en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur publicó el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de La Paz. Dicho marco normativo tenía el objetivo de transparentar a rendición de cuentas en el quehacer administrativo de la función pública. En su artículo 4to, inciso II, expone:

“Es su obligación abstenerse de utilizar el cargo para obtener beneficios personales de tipo económico, privilegios de cualquier tipo, con el fin de beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría afectando la confianza de la sociedad en la administración pública del municipio de La Paz y de sus servidores públicos”.

Ante tanta opacidad, ¿no será que la Grupo Terracons esté recibiendo alguna clase de beneficio del ayuntamiento? Y es que la constructora ofrece, en su sitio oficial en Internet, los servicios de infraestructura y construcción general, desarrollo inmobiliario, así como la administración y dirección de proyectos.

“Ejecutamos proyectos de construcción relacionados con el desarrollo de vialidades, carreteras, puentes, unidades deportivas, unidades educativas y hospitalarias y desarrollo carretero en general tanto públicos como privados”.

Coincidentemente, el funcionario municipal ligado con el gobierno morenista de Rubén Muñoz Álvarez, conforme al artículo 85, en el inciso X, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, tiene entre otras facultades:

“Expedir la convocatoria, así como organizar y celebrar los concursos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de las adjudicación directa, previo acuerdo del Cabildo, a fin de seleccionar al contratista más conveniente a los intereses del municipio, ajustándose específicamente a la legislación aplicable;”

La Dirección de Obra Pública, integrada a la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, también tiene la atribución de “proyectar las obras públicas y servicios relacionados con el Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques y jardines”.

En octubre de 2017, el gobernador Carlos Mendoza Davis rehabilitó el camino a San Juan de la Costa en su tramo a El Cajete con un recurso superior a los 4.5 millones pesos.

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