Son 20 millones 323 mil pesos el monto total del desvío que realizaron presuntamente gobernadores panistas, en Baja California Sur, utilizando empresas fantasmas. Así lo reveló la investigación del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en conjunto con Iniciativa Sinaloa.
Un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers expuso que administraciones estatales y en otros casos municipales, ordeñaron recursos públicos con empresas de papel caracterizadas, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por no contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, o que no está localizable, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichas facturas.
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron Empresa que Factura Operaciones Simuladas como presuntos proveedores durante los años de 2014 y 2019. En total, se habla de un quebranto facturado de 2 mil 628 millones de pesos con 536 empresas fantasmas.
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (2011-2014) y Carlos Mendoza Davis llevaron a cabo la compra de facturas falsas, según detectó el SAT tras una revisión exhaustiva de las empresas proveedoras.
El primero extrajo 5 millones 441 mil 127.39 pesos en 2014 y al año siguiente fueron 2 millones 922 mil 015.93 pesos. Mendoza Davis en 2016 sacó de las finanzas públicas, conducidas por el uno de los posibles candidatos del PAN, Isidro Jordán: 3 millones 596 mil 470 pesos en 2016; 2 millones 161 mil 609. 65 pesos en 2017 y 6 millones 202 mil 195.90 pesos en 2018.
Las dos compañías más beneficiadas fueron Fermal Diseño y Publicidad SA de CV, que emitió facturas por 5 millones 237 mil pesos y Ámbito Constructivo S de RL de CV, que facturó 4 millones 253 mil pesos.
En total, sumando a los tres ayuntamientos también panistas de La Paz, Los Cabos y Loreto 57 millones 125 mil pesos a 76 empresas detectadas por Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual es delito grave desde que el actual gobierno de México inició su periodo con Morena.
