Sin una autorización de la autoridad ambiental o una autorización de alguna licencia de construcción o un permiso estatal, Grupo Terracons destruyó una duna de aproximadamente de 2 metros de altura y unos 30 metros de línea de playa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur fue advertida desde 31 de octubre de 2020.

La denuncia la interpuso José Amador Vizcaíno Estrada quien fue a visitar un predio que había adquirido hace 10 años en la zona del Cajete, en San Juan de la Costa. Cuando llegó se dio cuenta que algo no andaba bien. Un montón de empleados terminaba una enorme construcción y las dunas que antes conocía fueron removidas con maquinaria.  

Lo cierto es que la legislación ambiental no protege estos ecosistemas, sin embargo, la elaboración y subsecuentes reformas del Programa de Desarrollo Urbano de La Paz Centro de Población, una de las situaciones era proteger, entre otras cosas, las dunas costeras de edificaciones sobre ellas o su destrucción.

Incluso, Vizcaíno Estrada tuvo que hacer una revisión exhaustiva para encontrar los permisos, pero no encontró ninguno. Por lo que interpuso la denuncia número LPZ/5884/2020/NUC ante el Ministerio Público porque si bien el Registro Agrario Nacional (RAN) aún no proporciona unos documentos que necesita, él posee documentación notarial de la compra-venta y la cesión de derecho de ejidatarios de Alfredo V. Bonfil. Sin embargo, un tal Javier Mendoza se ostenta como nuevo dueño.

Abuso policial

Ese domingo llegó al terreno para reforzar la cerca. No quería más problemas. Colocando la valla buscaba no tener más problemas con quienes se atrevieron a invadirlo. Sin embargo, ni bien comenzaba su trabajo cuando llegaron al lugar unas ochos unidades SPM-129, SPM-16 y SPM-205 de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz. Era como un operativo para atrapar algún peligroso criminal. Inmediatamente una pregunta surge: ¿quién tenía tanto poder para usar la fuerza pública a su favor?

Los agentes advirtieron a Vizcaíno Estrada que sería llevado porque “causaba daños en propiedad privada”. Sorprendido por la respuesta de uno de los uniformados, tuvo que sacar un bonche de papeles para demostrarle al oficial que se equivocaba en su dicho. Al verse expuestos, los municipales optaron por continuar con su encomienda y lo subieron a una patrulla. Lo llevaron a la comandancia central, donde lo quería encerrar pero por el delito de “riña”.

“Mira, todo está muy chistoso, extraño, curioso. Hacen un gran despliegue de unos 15 a 20 policías para hacer esta operación”.

En ese momento llegó el hermano de José, quien es abogado y evitó que le tomaran foto y huellas dactilares. Aun así, los policías decidieron subir de nueva cuenta a José a otra vehículo, sin presentar una orden de aprehensión, y lo llevaron a la comisaría de Los Olivos. Allí, contó el afectado, luego de hablaron en clave. Hicieron algunas llamadas. Después uno de los policías se acercó y le comunicó que podía irse.

“Es una orden del presidente municipal”, dijo.

Nos preguntamos si Rubén Muñoz Álvarez desconocía de este operativo en contra de un ciudadano que defendía su propiedad.

Ayuntamiento se declara sin atribuciones

Aquí se puede notar el daño de la construcción ubicada en frente de playa.

Al mismo tiempo de la denuncia ambiental, Vizcaíno Estrada interpuso una denuncia en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del XVI Ayuntamiento de La Paz. La municipalidad no está siguiendo los conflictos de aquellos terrenos sin clave catastral, según consta en el oficio DGUyE-1101/408/20 emitido el 23 de octubre de 2020.

“(…) Se detectó que el terreno no se trata de un terreno privado, sino de un terreno ejidal, en consecuencia no fue posible detectar ese terreno toda vez que no tiene asignada una clave catastral”.

La dirección conducida por Ricardo Iván Pergue Rosales citó el artículo 87 de la Ley Agraria para justificar su inacción, es decir, es necesaria una incorporación de los predios ejidales sujetándose a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. Es una especie de limbo jurídico que, al parecer, podría estar siendo usado para construir sobre terrenos ejidales y despojando a quienes se dicen dueño, aprovechando la falta de un título de propiedad.

Grupo Constructor Terracons SA de CV

Grupo Terracons es una empresa de Grupo Constructor Terracons SA de CV. Apareció en el Registro Público de Comercio el 25 de septiembre de 2009, formada por los socios Jessica y Arturo Gómez Urías. La compañía en su página oficial se dedica a infraestructura y construcción en general; desarrollo inmobiliario y a la administración y dirección de proyectos.

Además de la descripción en su sitio oficial, el mismo Registro Público de Comercio mostró que la empresa realiza ”compra, venta, renta, adquisición, explotación, aprovechamiento, manejo, operación y administración de todo tipo de bienes muebles, inmuebles y sus accesorios, proyectos y diseños arquitectónicos, desarrollo y construcción de todo tipo de casas, hoteles, moteles, bungalós, fraccionamientos, desarrollos  inmobiliarios, complejos residenciales turísticos, regímenes condominales, tiempos compartidos y en general de cualquier obra de ingeniería civil”.

Algunos de sus clientes principales son el Gobierno de Baja California Sur, Baja Ferries, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Consol ingeniería, Banorte y Fovissste.

De hecho, Jessica Gómez Urías fue presidenta del patronato del H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas en 2015. En ese mismo periodo, en el tiempo del gobierno del panista Arturo de la Rosa, la empresa consiguió proyectos como la Rehabilitación de la unidad deportiva San Jose 78. Actualmente, ella forma parte de KWMéxico, empresa encargada de vender inmuebles construidos por Grupo Terracons.

Asimismo, uno de los directores de obra (DOR), es el exfuncionario municipal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en tiempos de la priísta Esthela Ponce. Se trata de Francisco Díaz Urnieto, actualmente integrante del partido cristiano conservado Encuentro Solidario.

3 comentarios

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  • Pero entonces en la misma nota dicen que el terreno es un ejido y tiene un marco legal distinto, él señor que reclama no puede tener esa propiedad, se nota que le vieron la cara al venderle el terreno.

  • Esas playas no pueden ser destruidas, si ya se encontraban en total abandono, aparte de que es un terreno ejidal no puede ser del señor, la misma nota lo dice, con razón le lanzaron a la patrulla.

  • lo dice la legislación, en terrenos ejidales no existe la clave catastral, entonces el señor que dice que los tenía no puede haberlos tenido en ningún momento, y seguramente el grupo de la constructora se pudo mover bien para adquirirlos.
    No te pones a construir en la playa sin permisos reales.