Un breve texto sobre los proyectos disfrazados de “sostenibles” o “verdes” encaminados para hacer ganar dinero a las empresas.

@El_Organismo

Cada vez escucho a más políticos y políticas llenarse la boca de falsa preocupación por la escasez del agua en Baja California Sur. Proponen medidas que parecen estar más encaminadas a crear modelos de negocios que buscar soluciones frente al cambio climático. Tienen una fe ciega al crecimiento económico.  Por esto, el agua en el siglo XXI se convierte en un asunto de seguridad.

En la Península de Baja California la gestión del agua y la infraestructura hidráulica, a través de Asociación Público Privada (APP) son una máquina para hacer dinero justificado por el “interés público” del acceso a la población. Van montados en la economía verde que les permite seguir creciendo. El convertir el agua salada en potable permite a la clase política maquillarles de verde el camino a los inversionistas turísticos e inmobiliarios.

Desde 2012, la Conagua establece una lista con los ocho proyectos prioritarios de desalinización en Baja California: dos en Ensenada y una en Tijuana; en Baja California Sur: una en Los Cabos, dos más en La Paz y Loreto, respectivamente; en Sonora: Guaymas y Puerto Peñasco.

En el mundo existen aproximadamente 16,000 planas desalinizadoras. El Instituto para el Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de la ONU (UNU-INWEH) las analizó para advertir sobre lo altamente contaminante que son las aguas residuales por su hipersalinidad y químicos tóxicos para el medio ambiente. En total extraen 142 millones de metros cúbicos de salmuera, 50 por ciento más que las estimaciones anteriores, para producir 95 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Un ejemplo son los proyectos basados en la sostenibilidad. Una agenda internacional es impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de la estrategia para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho organismo calcula que en el planeta tierra deben invertirse 90 billones en infraestructura verde entre 2015 y 2030 para detener el cambio climático.

“El mundo necesita aumentar las inversiones en infraestructura sostenible para hacer frente a grandes déficits en los servicios de infraestructura, especialmente en los mercados emergentes y los países en desarrollo; responder a los cambios estructurales que están en marcha, especialmente la urbanización; y acelerar el reemplazo de la infraestructura antigua y contaminante”, se lee en el documento Atributos y marco para la infraestructura sostenible del BID.

La desalación en La Paz y Los Cabos

Actualmente La Paz y Los Cabos sufren una fuerte presión de proyectos turístico-inmobiliario que van desde hoteles boutique a inmensos complejos.  Sólo en 2019, calcularon la construcción de 9 hoteles en la capital de BCS, unos 300 cuartos nuevos. En Los Cabos para 2020 estima la creación de 1 mil 200 nuevos cuartos para llegar a 20 mil.  El Patronato de Cabo del Este sostiene por lo menos existen 18  que cumplen con estas características de megaproyectos en esta región. Parece como si las desaladoras fueran un justificante para repetir lo ocurrido en Cabo San Lucas.

La segunda planta desaladora que desean construir en Los Cabos está dentro de los proyectos que cumplen con el BID. La inversion estimada es de 1,331 mil millones de pesos. Consiste en el diseño, construcción, operación y mantenimiento, en el que el 51% del capital vendrá de una empresa: 678 millones 810 mil pesos. El 49% restante, mediante un fidecomiso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los pondrá, es decir, 652 millones 190 mil pesos los obtendrán de recursos públicos. Una vez terminada, el ganador de la licitiación pública recibiriá un contrato por 20 años para venderle agua al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (Oomsapas) Los Cabos.

Así los términos legales especifican, según Proyectosmexico.gob.mx, “se pagará una contraprestación con cargo a los ingresos del Organismo Operador de Los Cabos, la cual tiene un componente fijo para la inversión, operación y mantenimiento, además de un componente variable con base en el volumen de agua desalinizada”. La planta desalinizadora dotará de 250 litros por Segundo al sistema de la zona conurbada de Los Cabos.

En La Paz, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que busca un esquema de 50% del sector privado y 50% del Oomsapas La Paz. Según el Plan de Infraestructura Hídrica el proyecto tendrá un costo de 892 millones de pesos, pero el alcalde Rubén Muñoz Álvarez insistía en la necesidad de una inversión de 1,000 millones de pesos. El Oomsapas en La Paz deberá del mismo modo que dar un pago por la producción de 200 litros por segundo.

Enrique Peña Nieto prometió en campaña la construcción de la planta. En 2014, durante su gobierno, la desaladora estaba contemplada dentro de los planes estratégicos de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Conagua, con el objetivo de “reforzar el suministro de la ciudad de La Paz y la zona turística de Pichilingue, Punta Colorada, Bahía Balandra y Playa Tecolote”. En 2016 fue cancelada, pero desde 2019 tomó fuerza de nuevo; ¿a quién suministrará el líquido?

BC, el dark side  de la desalación

En el municipio de Ensenada, logran la construcción del primer proyecto fue el “Sistema Integral Hídrico San Quintín”, que consiste en la instalación de una planta con capacidad para producir 250 litros de agua por segundo durante los próximos 30 años. La empresa Desaladora Kenton S. A. de C.V. invertirá 875 millones de pesos en la construcción de la planta. En 2016, por ejemplo, el gobierno de Francisco Vega de la Madrid se asoció con NSC Agua S.A., filial de Consolidated Waters Co. Ltd., para construir una megadesaladora en Playas de Rosario, a 40 kilómetros de la línea fronteriza, con capacidad para suministrar 100 millones de galones de agua al día.

La megaplanta en Playas de Rosarito será la más grande del mundo y tendrá un costo de inversión de 66 mil millones de pesos (Proceso, 2017). La cataloga la más grande de América Latina. Esto es un asunto binacional, según queda anotado el 20 de noviembre de 2012 en el Acta 319 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Una investigación de La Verdad Juárez revela que el exgobernador panista de BC fingió un desabasto de agua para justificar la construcción de dos desalanizadoras para favorecer a empresarios y políticos cercanos bajo el esquema de APP.

“La empresa Aguas de Rosarito se conformó el 17 de agosto del 2016 con un capital de apenas 100 mil pesos, según el Registro Público del Comercio, un mes después que la Comisión Estatal del Agua (CEA) emitiera el fallo a favor del consorcio ganador conformado por tres empresas, NSC Agua (México), Degremont (Francia) y Nuwater (Sudáfrica)”, expresa La Verdad Juárez.

La investigación también demostró la intención de exportar a Estados Unidos entre 20 y 40 millones de galones de agua de la desaladora de Playas de Rosarito. Las empresas podrían llevar agua por medio de un acueducto transfronterizo, demostrando que estrés hídrico quedó en segundo plano en BC, sino más bien producir más dinero.

#ENNUESTRAOPINIÓNDEMIERDA las desaladoras se construyen para una cosa: “negocios verdes”. Negocios en donde la escasez se convierte en oportunidad. Quien gane esas licitaciones tendrá 20 años asegurado comerciando con el municipio el suministro de agua. Un negocio costoso ambiental y costoso que quedaría en algunas manos. El Estado se convirtió en un facilitador del territorio y sus recursos. Un agente de ventas. Son gestores de un jugoso negocio. Esperemos que en La Paz no se caiga en lo que Mariel Verónica Massé Magaña y Celia Guzmán Hernández describen muy bien:

“En este caso, la nueva configuración estatal y el poder local se ponen en evidencia cuando, a cambio de beneficios económicos, permiten desarrollos turísticos a pesar de conocer los riesgos que conllevan y de tener plena conciencia de que estos incumplen la legislación ambiental nacional e internacional, autorizando la depredación en los espacios donde son planeados. Esto ha sido posible gracias a la presión de las prácticas neoliberales adoptadas por el Estado en favor de los intereses de las firmas trasnacionales y organizaciones mundiales que dirigen las políticas del turismo internacional y quienes tienen el poder económico-político para establecer relaciones con el personal dentro de los aparatos del Estado mexicano, lo que a su vez se ha traducido en un compromiso para cumplir las demandas extranjeras a cambio de préstamos e inversiones”.

La foto de portada fue tomada de La Verdad Juárez, pero modificada un poco.

Agregar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *